Voto en blanco contra la partitocracia

Recientemente, las feministas de izquierda han celebrado a los pies de los leones de las Cortes la aprobación de la ley de igualdad sociata. De acuerdo con la misma, hasta un máximo del 60% de las listas de los concurrentes electorales podrá ser del mismo género: hombres o mujeres. Sin entrar en la discusión entre "meritocracia" y "discrimación positiva", ésta es otra maniobra tendente a reforzar el régimen partitocrático, y por tanto antidemocrático, en el que chapoteamos los españoles.

En diversos países del occidente liberal está surgiendo una corriente favorable al voto en blanco en los procesos electorales. El enemigo contra el que se bate esta corriente es el sistema oligárquico de partidos que se ha ido consolidando tras la segunda guerra mundial.

Los portavoces de esta posición entienden que el mayor mal que nos azota no es que gobierne un partido u otro, sino la degradación del propio sistema. Cualquier avance hacia la democracia verdadera está taponado por una casta política abrazada a prácticas seudo-representativas y demagógicas que ya los griegos bautizaron como “oligocracia”. Modernamente hablamos de “partitocracia” para designarlas.

Ante esta situación, el fenómeno de la abstención es ambiguo. Puede reflejar posiciones de rechazo al sistema, pero también repliegue pasivo en la indiferencia política y, en ocasiones, pulsiones antidemocráticas. El voto en blanco es la única alternativa, ya que va directamente contra la línea de flotación de esa falsa democracia, sin renunciar a la democracia verdadera, reivindicándola con una disposición activa.

Mientras votemos a la oposición para castigar al gobierno, seguimos alimentando el sistema, seguimos otorgándole legitimidad. Beneficiamos a todos los partidos que viven del sistema y se burlan de nosotros. El partido que gana obtiene como premio el gobierno, pero los otros van a la oposición, donde también existen beneficios y privilegios: dinero público para el partido, sueldos pagados por los ciudadanos, coches oficiales y participación, como cuota, en instituciones y empresas públicas o dominadas por el poder político. También prestan legitimidad al sistema y aumentan la confusión de la población las minorías que participan en los procesos electorales con la única finalidad de conseguir publicidad, aireando programas más o menos radicales.

Si creemos que la posibilidad de un sistema democrático está bloqueada por la partitocracia, cada vez más cínica y corrupta, el voto en blanco es la mejor opción porque ese voto representa un claro mensaje al sistema: “somos demócratas y queremos democracia, pero no la vuestra, la que negáis o corrompéis, sino una democracia auténtica, limpia, en la que el ciudadano controle a los poderes y participe en los procesos de toma de decisiones”.

Si estamos convencidos de que la democracia se identifica con la plena soberanía nacional-popular, que es un sistema definido como “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, votar en blanco es rechazar a los actuales caciques políticos y decirles que dejen de hablar en nombre de la democracia. Que somos ciudadanos, no súbditos. Que sin ciudadanos, sin atender permanentemente a la opinión ciudadana y sin ganarse cada día la confianza de los votantes, la democracia no existe y que lo que ellos están haciendo es apoyarse en una falsa democracia para ejercer un dominio depravado, gozar de privilegios injustos y conducir a la Nación a la catástrofe.

Las actuales oligarquías políticas son plenamente conscientes de que el único voto que les hace daño y que pone en peligro su cuidado sistema de privilegios y dominio, es el voto en blanco. Por eso lo han devaluado y por eso, arbitrariamente, lo han despojado de representación. En buena ley, en justicia y en democracia, el voto en blanco debería obtener, como cualquier otro, una representación en los parlamentos y asambleas municipales. Si los ciudadanos quieren que existan escaños vacios, ¿en base a qué criterios se les contradice? Los votos en blanco deben estar representados con escaños vacíos. Esos sillones vacíos serían un testimonio palpable del rechazo ciudadano al Estado oligárquico de partidos, a la corrupción, al abuso del poder y a privilegios injustificados.

Vivir libre o morir

Recientemente, dos perseguidos políticos en Guipúzcoa han doblado la cerviz ante el nacionalismo vasco. Han optado por la vida ante la amenaza de muerte. Al mismo tiempo, Fernando Savater constata la falta de libertad y afirma que «... creo que las elecciones que se van a hacer no son limpias, no pasarían la homologación. Yo creo que es un error por parte del PP y del PSOE no boicotear unas elecciones que se realizan en estas condiciones y mantener la ficción de una democracia», (El Mundo, 06/04/2007). Es una declaración valiente y sorprendente porque al tiempo que se denuncia la realidad de persecución y falta de libertad en la que vive una parte de la ciudadanía española se propone, nada más y nada menos, el boicot a las elecciones. La voz de Savater clama en el desierto, nadie le ha hecho caso. El silencio de Zapatero es lógico pero el de Rajoy es el más sorprendente, al fin y al cabo, son sus militantes y votantes los que en mayor medida sufren la persecución política del nacionalismo vasco. ¿Por qué? Fácil es la respuesta: que el PP boicoteara unas elecciones significaría el fin, a ojos de todos, del régimen juancarlista.

Obvio es afirmar que la única postura política coherente es la que propugna Savater... pero a nivel nacional. Seguiremos viviendo en una democracia ficticia, como afirma el filósofo, mientras un sólo español no pueda utilizar todos sus derechos cívicos. Y en España, en toda España, esta es la realidad apreciable para cualquiera.

Decía Robespierre en 1789: «...Que no nos hablen de la constitución. Esa palabra nos adormeció durante demasiado tiempo y nos mantuvo sumidos en un letargo. Esa constitución será sólo un libro inútil: ¿cuál será la ventaja de haber creado ese libro si nos privarán de nuestra libertad en la cuna?». Y ¿por qué? Porque la aparente democracia en la que vivimos es la consecuencia de la constitución de 1978. Esto es lo que tienen que aceptar de una santa vez todos los patriotas constitucionalistas.

Enemigos en democracia

El proceso de legitimación de los nacionalismos antiespañoles a ojos de la ciudadanía desde la restauración de 1975 se ha fundamentado en una extendida creencia por la que entre demócratas no hay «enemigos», a lo sumo sólo puede haber «adversarios». Así, la línea se trazaría entre los demócratas y los totalitarios aunque los proyectos políticos de los que formaran el bando de los demócratas pudieran llegar a ser antagónicos. ¡Cuanto daño han hecho ciertas ideologías a la hora de pervertir los principios básicos de la política!

¿Qué es democracia? El gobierno de los ciudadanos. Ésta es su definición desde que la inventaran los griegos clásicos. Por eso en la sociedad ateniense existían individuos sin derecho a voto, como los extranjeros o los esclavos, y no dejaba de ser por ello democrática. Por esto, nuestro actual Estado democrático no deja de serlo cuando impide votar a los no ciudadanos.

Ahora, democracia, se confunde con otros derechos políticos como la libertad de opinión y de expresión. Que un Estado de derecho reconozca estas libertades no tiene directa relación con la democracia. Hay regímenes no democráticos que permiten una limitada libertad de expresión y otros democráticos que prohíben una plena libertad de expresión. En Alemania, recordemos, están prohibidos determinadas opciones políticas y no por eso deja de ser un Estado democrático.

Pero es que, además, en un Estado democrático caben medidas excepcionales. Esto también tiene sus raíces en los orígenes de nuestra civilización. En la Roma republicana, la figura del dictador era de origen democrático: un ciudadano que recibía poderes extraordinarios ante una grave crisis del Estado durante un periodo de tiempo limitado y que era fiscalizado por los representantes de los gobernados. Así, durante ese periodo de excepción se podían suspender derechos cívicos sin dejar de ser un régimen democrático.

En resumen, ser demócrata no es una cuestión de talante, de permisibilidad estúpida o de limitarse a exigir que se cumplan las «reglas del juego». ¿Es que todas las ideologías –y sus opciones políticas– son respetables? Rotundamente no. Un Estado democrático puede dejar fuera de la ley a todos sus enemigos, a quienes no reconocen los principios políticos fundacionales del mismo. De hecho, si pretende sobrevivir deberá hacerlo. En el caso de nuestra patria, ¿cómo se pueden legitimar, arguyendo su carácter «democrático», partidos que advierten que de proclamar sus estados catalán, vasco, gallego, etc. van a convertir a los españoles en ciudadanos de segunda, con sus derechos cívicos suspendidos y reducirlos a la condición de extranjeros en su propia tierra, por el hecho de querer preservar su adscripción nacional española?