Reforma, continuismo y ruptura en la segunda transición

por Juan Colomar Albajar


El 11-M es un eslabón más de una historia “llena de ruido y de furia”: la historia del juancarlismo. El asesinato de Carrero Blanco arruinó la viabilidad de un franquismo inmovilista sin Franco; allanó los caminos de la primera transición. Efímeros fueron los intentos de contener ese proceso mediante el continuismo tímidamente aperturista de Arias-Navarro. El atentado del 11-M catapultó un cambio de gobierno que ha desgarrado la concepción inmovilista de la Constitución de 1978 sostenida por Aznar. Ha desbloqueado la segunda transición, que apunta a un cambio de régimen. El PP, principal baluarte del continuismo constitucional se halla a la defensiva, a remolque de los acontecimientos. Se pretende hurtar de nuevo a los españoles la salida de la ruptura democrática.


PRIMERA TRANSICIÓN: JUEGO DE TRILEROS

Los cauces legales de reforma previstos en la Constitución de 1978 hacen de ella una constitución blindada. El requerimiento de mayorías cualificadas inalcanzables para la alteración de sus preceptos esenciales la resguarda con la cobertura propia de otras constituciones que gozan de “cláusulas de intangibilidad”. Esos preceptos son legalmente tan infranqueables como las que consagraban la eternidad de los Principios del Movimiento Nacional franquista.

En estas condiciones, salvo desmoronamiento por agotamiento del régimen, con desbandada de su clase política, únicamente dos vías posibilitan un cambio. Una de ellas es la ruptura democrática propulsada desde abajo, por la acción popular. La otra es la vía de reforma ejecutada desde el mismo gobierno, a través del retorcimiento de la propia legalidad vigente y del quebrantamiento de todo canon democrático. Esta última fue la vía de engaño masivo a los españoles impulsada desde 1975 por Juan Carlos de Borbón, teorizada por Torcuato Fernández Miranda y practicada por Adolfo Suárez. Hoy es emulada por Rodríguez Zapatero.

Muerto Franco, esta vía arrancó con la oferta del Referéndum de la Reforma Política como única opción de los españoles, con ocultamiento de unos pactos –entre franquistas y los partidos ilegales provenientes del exilio– que descartaban cualquier alternativa realmente democrática, acusándola incluso de pretender un nuevo enfrentamiento civil. Siguió al referéndum la rápida convocatoria de elecciones legislativas y, con ella, una frenética carrera por la legalización. Con la consecución de algunas libertades, unos entendieron que la democracia había llegado. Otros, se contentaron simplemente con lo logrado, temerosos de ir más allá. “Libertad sin ira, libertad”.

España no disfrutó de un periodo constituyente público y democrático. Las Cortes elegidas en los comicios legislativos de 1977 se autoerigieron –sin mandato explícito– en constituyentes, impidiendo que los ciudadanos participaran en el gran debate sobre su sistema de convivencia. El proceso quedó en manos de los portavoces de esa oligarquía. La Constitución se debatió en secretó y luego, una vez hallado el consenso de los aparatos, se aprobó en las Cámaras, y en posterior referéndum. Del parto de los montes resultó la sustitución de la dictadura militar por una monarquía parlamentaria asentada en una oligarquía de partidos, y una estructura territorial de cortijos autonómicos para alojar en algunos de ellos a los separatismos.


UNA DOBLE FRACTURA

Pongamos brevemente la lupa sobre dos conflictos que, por lo menos desde 2000, enfrentaron a las dos principales fracciones del aparato político del juancarlismo.

El primero se refería a la respuesta ante el auge de los procesos nacionalistas fraccionarios fomentados por el Estado de las Autonomías desde sus mismos inicios. En el mismo año 2000, mientras Aznar considerada cancelada la transición, el PSOE, azuzado por los editoriales de PRISA, iniciaba de tapadillo sus negociaciones con ETA y abiertamente con ERC.

Por otra parte, ese proceso coincidió con el estallido de diferencias en el seno del capital internacional, a raíz de la intervención militar norteamericana en Iraq. Con ello se exponían a la luz del día contradicciones entre los grandes bloques de poder imperialista que se habían gestado de forma soterrada desde la caída del muro de Berlín. Esos conflictos se proyectaron dentro de nuestro escenario nacional provocando alineamientos contrapuestos de las diversas fuerzas del régimen.

Parece cada vez más claro que esas dos fisuras en el espinazo de nuestra oligarquía política fueron los factores determinantes de la masacre del 11-M, planificada para provocar un vuelco electoral que, en lo inmediato, arrojase al PP por la borda. En cualquier caso, hoy no cabe duda de que, más allá de un simple cambio de gobierno, las elecciones del 14 de marzo de 2004 decidieron efectivamente sobre los dos puntos antes mencionados: esto es, si debía revisarse la política territorial del Estado español, tal y como había quedado atada y bien atada en la Constitución de 1978, y si España debía seguir privilegiando la relación con EE.UU o, sin abandonar totalmente esa relación de vasallaje, pasaba a priorizar el bloque imperialista dominante en la UE, pilotado por el eje franco-alemán.

Lo que ha venido en denominarse segunda transición se encamina al descoyuntamiento de los restos de Estado unitario, entre una pluralidad unidades para-estatales de base lingüística-cultural, competencialmente asimétricas para permitir la posición dominante de algunas de ellas en el expolio del conjunto de los ex-pañoles. Esto conlleva un drástico cambio de geometría política: ruptura del consenso entre los dos grandes partidos llamados nacionales, marginación y minimización del PP y eternización del poder del PSOE, compartido en clave de “co-soberanía” con los nacionalistas étnicos de la periferia. Queda reservado a la Corona, en recompensa a sus intrigas y perjurios, un papel simbólico de unidad residual de cara a Europa.

En cuanto a la política exterior, Rodríguez Zapatero no pretende en modo alguno romper el “vínculo atlántico”. Por razones electorales sacó a nuestras tropas de Iraq; pero, a continuación, las envió incrementadas a Afganistán. No ha cuestionado la presencia de bases y tropas norteamericanas en España. Y en lo que concierne a la situación colonial de Gibraltar, el régimen se desliza hacia la claudicación de una soberanía compartida con Inglaterra. No obstante, hay diferencias esenciales entre la orientación de Rodríguez Zapatero y la de Aznar. Éste quiso hacerse un hueco propio en Europa, impulsando en su seno una fracción de oposición a las iniciativas del eje franco-alemán y poniéndose al servicio incondicional de USA. Apoyó la guerra yanqui-sionista contra Iraq, que infligía un significativo perjuicio a los fabulosos negocios de Francia y Alemania con Saddam Husein. Rodríguez, en cambio, es fundamentalmente un mayordomo del eje franco-alemán. Su papel es propiciar la centralización de Eurolandia en manos de Alemania y Francia y fomentar la división interna de España. El proyecto “pluri-nacional” de Zapatero es perfectamente funcional con la dinámica de “regionalización de los mercados” promovida por la UE.


EL GOBIERNO DE LOS TRENES Y LA SEGUNDA TRANSICIÓN

A la ilegitimidad de fondo del régimen en su conjunto, se acumula la del origen de su actual gobierno, aupado por el atentado del 11-M. Incluso en una hipótesis benigna que exima al PSOE de la ejecución de la masacre, lo cierto es que entre el 11 y el 14 de marzo de 2004, fuerzas afectas a ese partido provocaron un vuelco electoral mediante la proyección de una falsa autoría islamista, presentada como venganza de al-Qaida por la intervención en la guerra de Iraq. El comportamiento de tales fuerzas en esos días y en las fechas inmediatamente posteriores fue, en el mejor de los casos, el de encubrimiento de los reales autores del atentado del 11-M, mediante la eliminación de pruebas, la creación de pistas falsas y la falsificación de informes policiales, culminando todo ello con el “suicidio” de algunos confidentes y camellos en el plató de Leganés.

Vino a continuación la burla de la propia legalidad constitucional que ha implicado la aprobación del Estatuto de Cataluña mediante simple ley orgánica, constituyendo contra España una “nación” que sirve de modelo a toda una recua de nuevos estatutos disgregadores.

Se ha añadido a esto la colaboración política con banda armada. Tras pactar con los terroristas de ETA una declaración de tregua, el PSOE les ha permitido la ocupación de la escena política, la extorsión mafiosa, la violencia callejera, el rearme y una nueva concurrencia a elecciones después del atentado de diciembre de 2006 en Barajas. Hemos asistido a una sabia administración conjunta del terror para reducir al silencio a los españoles de Vascongadas y propiciar el desistimiento del resto de nuestros compatriotas con ayuda del fraude de la "Paz". Una “Paz” consistente en la legalización de las tramas terroristas vascas y enaltecimiento de sus “héroes”, reconocimiento de “Euzkadi” como nación y de su derecho a la autodeterminación y, más tarde o más temprano, su anexión de Navarra.

En apoyo de ese “proceso de paz”, y aprovechando los resortes espúreos ya dispuestos en la estructura del régimen, el gobierno de Rodríguez Zapatero ha convertido a diversos jueces en prevaricadores, a los fiscales en abogados de los terroristas separatistas y a sectores de policías en chivatos que previenen a los etarras de las redadas de otros policías. Trata a las víctimas del terrorismo como “enemigos de la paz”. Persigue con saña a los miembros de las fuerzas de seguridad que quieren cumplir con su deber.

En los últimos tiempos, el social-terrorista del talante, temeroso de una pérdida de apoyo electoral, ha debido escenificar con ETA una “ruptura de de la tregua”. Asistiremos tanto a gestos de “firmeza” gubernamental, con las correspondientes detenciones, como a atentados. Para Rodríguez se tratará en ambos casos de “accidentes” que no deben impedir, en un momento más oportuno, la reanudación pública del “diálogo” (que no cesa entre bastidores ni un solo momento).

Se constata el despliegue de otras políticas destructivas. Está la inmigración con alcance invasivo facilitada por las “regularizaciones”. Y está la “alianza de civilizaciones”, que si a escala internacional es tan sólo una flatulencia ideológica seguida con irrisión, opera sin embargo en el plano interno como cobertura de la complicidad con el régimen criminal alauí: abandono en su favor del Sahara y disposición a entregarle las plazas de Ceuta y Melilla.

En cuanto a los trabajadores españoles, somos simplemente un agregado lanar que una oligarquía económica pastorea sin grandes dificultades. Esa oligarquía, que vive del excedente que producimos, de nuestros impuestos, de nuestras hipotecas, de los artículos que le compramos, ha recibido una oferta que no puede rechazar. Hay que avanzar hacia la instauración del juancarlismo confederal de las etnias asimétricas, para que el capital bancario y los oligopolios, perfectamente centralizados, puedan “liberar” completamente al mercado; para que los caciques regionales irredentos consigan saciarse, metiendo su hocico en el botín general y manejando con sus propias manos el ariete de la inmigración contra los trabajadores españoles; para hacer ofrenda de nuestros últimos sectores industriales estratégicos al capital “comunitario” europeo; para des-regular hasta el fin un empleo y unas condiciones de trabajo que no se consideran suficientemente precarizados; para privatizar todos los servicios y sistemas de protección social y para abismarnos para siempre en la impotencia de la división, una vez enclaustrados en nuestras respectivas “naciones identitarias”. Para esto se hizo el 11-M.

En consecuencia, a partir de la tragedia del 11-M, los restos semi-cadavéricos de la Españita erigida en 1978 están siendo volados sin piedad por la alianza del PSOE, nacionalistas anti-españoles, etarras y arqueo-comunistas que dirige Rodríguez Zapatero. Fuera de combate Carrero-Aznar, la Zarzuela apoya a Suárez-Zapatero, de modo silente, con la palabrería hueca de sus discursos navideños o con manifestaciones explícitas en reducidos cenáculos. Y como reedición del papel del patético Arias Navarro, tenemos al romanonesco Rajoy.


LA FALACIA DEL CONTINUISMO CONSTITUCIONALISTA

Asciende el número de seguidores del PP que coinciden con un reciente aserto de Pío Moa: “al hablar del Bobo Solemne, Rajoy se estaba refiriendo a sí mismo”. La confianza en Rajoy se ha ido deteriorando sensiblemente entre parte de sus propias huestes. Advierten que el PP se va reduciendo a ser una mera matización del PSOE.

Rajoy ayudó a Rodríguez Zapatero en su campaña del referéndum de la Constitución Europea, un intento de formalizar la prepotencia del eje franco-alemán con un mamotreto pergeñado en algunas “sociedades filosóficas”. Ha introducido al PP en la dinámica de las reformas estatutarias “nacionales” (Andalucía, cláusula de arrastre valenciana, loas de Núñez Feijóo a la “realidad genética” gallega, etc.). Ha tolerado que el cripto-convergente Piqué condujese al PP catalán al borde de la extinción y que Matas, con sus carantoñas al catalanismo, llevase al PP balear a ser desbancado del gobierno en las últimas elecciones municipales y autonómicas. Tras favorecer los avances en la vasquización de Navarra, a través del neo-carlista fuerismo de la UPN, ahora fomenta la upenización del PP canario. No quiere saber nada del 11-M porque prominentes mandos policiales nombrados por Aznar y Acebes se pasaron aceleradamente a la patraña del atentado islamista e incluso dieron su bendición a los “suicidios” de Leganés. Y porque durante el periodo en que mantuvo el gobierno en funciones pudo averiguar algo terrorífico que debe ocultar “por razones de Estado”. Sus críticas a la política migratoria de Zapatero rezuman la peor demagogia y mala fe. Esa política no hace más que seguir la estela de la desplegada por Aznar. Sólo le ha quedado al PP un punto de diferenciación, en torno a la cuestión de ETA. Pero tarde o temprano, por poco que maniobren Zapatero y Ternera, Rajoy será barrido por la pazzzz. Las últimas propuestas de Rajoy son puras ocurrencias deshilvanadas –reformas fiscales, del sistema electoral, etc.–, con las que pone de manifiesto su agotamiento político.

La cúpula del PP sabe perfectamente que la obtención de una mayoría absoluta en las próximas elecciones generales es una quimera. Su única esperanza es conseguir los votos suficientes que le permitan gobernar mendigando apoyos a los nacionalistas “moderados”. Por eso han empezado a lanzar tejos a CiU e incluso al PNV. Pero eso mismo es lo que impide un relanzamiento del PP, en Cataluña y en otros puntos, siguiendo las pautas “duras” del vidal-quadrismo.

Dentro del contexto general, el PP juega un papel que, no por menos decisivo, es menos letal. Consiste en ocultar a los españoles que el régimen de 1978 está materialmente fenecido. La estrategia del PP consiste en montar la guardia en torno a una carroña y conduce a la impotencia a toda la galaxia “constitucionalista” que confía en ella. Incluso una nueva victoria del PP en las urnas, para volver a una situación como la de 1996, no detendría el proceso de descomposición política general; sino que lo haría todavía más convulsivo y desgarrador. La lucha contra la monarquía y contra el PSOE empieza por la lucha contra el PP.


LA RUPTURA DEMOCRÁTICA: HACIA LA III REPÚBLICA

Existe una alternativa al reformismo destructivo de Rodríguez Zapatero y al constitucionalismo paralizante de Rajoy. Exige certificar la defunción de la España de 1978, provocada por la ejecutoria antinacional y antidemocrática de ese régimen al completo, por su cortejo de crímenes, acompañado por el saqueo de las instituciones públicas, la dilapidación del esfuerzo de generaciones enteras, a expensas del futuro de la Patria, y de la burla constante al pueblo español. Hemos llegado al punto de que si el gobierno del PSOE, con el rey mirando para otro lado, no respeta las leyes vigentes, menor ha de ser el respeto que les mostremos los españoles.

No hay muchos muebles que salvar. Del juancarlismo sólo cabe defender el conjunto de libertades de expresión, acción y organización que en su estructura han incrustado las luchas populares. Nada más. A partir de ahora sólo queda apoyarnos en esas libertades para emprender el camino de la ruptura democrática que invoca, como cimientos de legitimidad:

- la pervivencia de la patria española milenaria mediante su plasmación moderna como Nación democrática de ciudadanos;
- la soberanía de España en la arena internacional, en lugar del alineamiento servil en bloques imperialistas;
- la democracia, que implica ante todo la soberanía única e indivisible del pueblo español como fuente de todo poder, y la igualdad ciudadana, en el plano jurídico-político y en el de la igualdad de oportunidades;
- las libertades duramente conquistadas, frente a las tendencias liberticidas de la oligarquía partitocrática y la opresión del separatismo sobre los españoles;
- el derecho a una existencia digna de los trabajadores, fuerza vital de la Nación española y del ascenso al lugar de preponderancia que por justicia les corresponde.

Estos principios de legitimidad son incompatibles con el mantenimiento de la monarquía borbónica, sea en su descompuesta forma autonómica, sea en su actual deriva “plurinacional”. Su realización exige la instauración de la III República española. Ahora bien, la cuestión de la república irrumpe hoy de forma sustancialmente diferente a como lo hizo a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Tres vertientes lo ponen de manifiesto.

1. La república vuelve a la palestra ante todo por la exigencia de integración nacional, como organización estatal de la Nación democrática de ciudadanos. Esta se funda en la adscripción voluntaria a principios políticos y se identifica con la república unitaria. No tienen en ella cabida las “nacionalidades históricas”, las “naciones lingüísticas”, las “realidades genéticas” y demás engendros “etno-culturales”. Si en sus fabulaciones justificativas se remiten a ensoñaciones feudales, cuando no tribales, en su actual funcionalidad constituyen casamatas de la voracidad de tronadas burguesías locales y mecanismos de división de los trabajadores.

2. La república no se enfrenta hoy a los restos de una monarquía absoluta. Se enfrenta a un régimen de monarquía constitucional: a una partitocracia coronada que consagra una forma de dominio oligárquico del gran capital. Este régimen supone el más descarado escarnio de la soberanía popular y, desde luego, de la igualdad ciudadana, y apunta inquietantes tendencias liberticidas y tiránicas. La república democrática ya no puede servirse del sistema liberal parlamentario, principal vivero de la partitocracia. Sólo puede arrancar a partir del sistema presidencialista. Exige la completa separación de las funciones gubernamentales y legislativas, su configuración en elecciones separadas mediante el sistema mayoritario y la plena independencia de la magistratura y la fiscalía del Estado, a cuyas órdenes deben estar los cuerpos policiales.

3. La exigencia de cambios sociales de gran calado no pueden volver a contraponerse al patriotismo ni al principio democrático, puesto que son en gran medida frutos de la radicalización de los mismos. Las preocupaciones patrióticas y democráticas por la defensa de la soberanía nacional frente a la penetración imperialista y por el asentamiento de la igualdad ciudadana en condiciones sociales que la hagan posible, son las que pueden hoy rehabilitar los impulsos hacia una hegemonía del Trabajo, frente a la dominación omnímoda del Capital.

Por todo ello, el nuevo republicanismo hará bien en distanciarse en todos los planos –ideológico, político y simbólico– de las anteriores y aciagas experiencias republicanas desarrolladas en nuestro país. Lo mismo debe prevenirse en relación con formulaciones más recientes de la idea de ruptura democrática.


JUNTA, PLATAFORMA, PLATAJUNTA: ¡VIVA EL REY!

Durante bastantes años, el PCE aireó la consigna de la república, asociada a la hegemonía de una “burguesía nacional” que, según Carrillo, necesitaba urgentemente una “revolución antifeudal y antimonopolista”. Estas tesis alucinatorias fueron finalmente abandonadas y Carrillo reveló su orientación de fondo. Con una propuesta de “Pacto por las Libertades”, pasó a defender la monarquía constitucional y, por tanto, la hegemonía del capital financiero, de la simbiosis del emporio bancario y de las grandes concentraciones de capital en la industria y los servicios. Bajo este signo fue creada en 1974 la Junta Democrática.

La Junta se autoproclamaba órgano de la ruptura democrática con el franquismo. Pero esa ruptura consistía en esperar el óbito del dictador y, con él, la creación de un vacío de poder, ofreciéndose a los sectores “evolucionistas” del régimen como banderín de enganche, con la propuesta de formación de un gobierno provisional que permitiese la reconstrucción del aparato político del capital, con desalojo de los “ultras”. La Junta defendía la necesidad de una consulta popular para decidir la forma definitiva del Estado. Pero esta forma estaba ya decidida en los cálculos de los “rupturistas”: restauración de la monarquía constitucional encarnada en la figura de don Juan de Borbón. Diversos partidarios de este último, presentes en la Junta, ayudaban al PCE en sus intentos de enfrentar al padre con el hijo, habitualmente calificado por Carrillo de “marioneta del búnker”. A la vez, el PCE instrumentalizaba la combatividad de importantes sectores de trabajadores con el consabido juego de la movilización/presión y la desmovilización/moneda de cambio.

A la Junta Democrática le salió prontamente un competidor: la Plataforma de Convergencia Democrática, aglutinada en torno al PSOE. La diferencia entre ambas radicaba esencialmente en que mientras que la línea de la Junta pasaba por atraer a un sector del régimen a la formación de un gobierno provisional de conciliación, la Plataforma se adecuaba a la táctica diseñada por Torcuato Fernández Miranda –de acuerdo con las altas instancias de la Trilateral, la OTAN y la Internacional Socialista– en cuanto a mantener en todo momento el timón gubernamental del proceso en la línea de sucesión juancalista, disolviendo a los núcleos “ultras” y continuistas a lo largo del mismo.

La Junta y la Plataforma acabaron uniéndose en la popularmente denominada Platajunta y con esta unión ganaron terreno las tesis del PSOE, antes de que ambas terminasen engullidas por la reforma suarista.


LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO

A la línea de quebrantamiento de ley para la disgregación de la unidad nacional de España y la frustración de toda esperanza democrática, sólo cabe oponer la línea de derrocamiento del juancarlismo en dirección a la república unitaria española. A esta perspectiva le corresponde un único camino: la movilización tenaz y cada vez más contundente del pueblo español. Ni los recursos ante los actuales órganos jurisdiccionales, ni las recogidas de firmas, ni las mociones de censura, ni las elecciones bajo el Borbón, convocadas por sus gobiernos, ni los gobiernos emanados de esas elecciones, ni los emplazamientos a las cúpulas de la actual clase política pueden aportar salidas decisivas a la crisis nacional que nos atenaza. Sólo la acción masiva y directa del pueblo español, la apertura de un periodo de rebelión nacional democrática en las más diversas formas, puede abrir las vías del triunfo sobre los enemigos mortales de la patria española.

Desde el verano del 2006 se ha producido una oleada de movilizaciones de enorme envergadura en respuesta a diversas medidas del gobierno de Rodríguez Zapatero. Esa primera manifestación de resistencia ha decaído en poco tiempo, al ser mellados sus filos por el PP y la nebulosa de plataformas “constitucionalistas” que lo toman como referencia. Sin embargo, es importante captar los focos de ignición de esas movilizaciones. Han sido principalmente la oposición a los pactos entre Rodríguez Zapatero y la banda terrorista y separatista, el apoyo a las víctimas del terrorismo y la exigencia de esclarecimiento de los atentados del 11-M. Junto a esos ejes fundamentales, existen otros que podrían fecundar la lucha: la defensa de la lengua española allí donde se pretenda erradicar; la oposición a la inmigración ilegal y restricción de la legal; la defensa de las libertades democráticas contra la censura y represión de los españoles, la resistencia a la precariedad laboral y las deslocalizaciones de empresas, etc.

Sectores de luchadores han iniciado un balance crítico de esa primera fase de la resistencia. Una de las consecuencias de su fracaso ha sido la pulverización organizativa. De ahí la importancia que puede tener, de cara a un relanzamiento de las acciones, antes y después de las próximas elecciones generales, la propagación y el ensayo de formas de organización territorial abiertas a todos los patriotas republicanos. Órganos de “predicación y combate” por la ruptura democrática. Ante todo, para el impulso de ejes de lucha como los mencionados u otros similares. Pero, además, con un horizonte de mayor ambición a largo plazo: la movilización generalizada del pueblo español hasta la conformación de un gobierno de regeneración nacional. Un gobierno surgido de la lucha de masas y sustentado en ella.

Ese gobierno, de carácter provisional, debería asumir como función primordial elaborar un proyecto de constitución republicana y asegurar las condiciones de libertad necesarias para que el pueblo español pueda ser convocado a consulta sin que medie ninguna coacción del terrorismo separatista o de cualquier otra índole. Debería igualmente adoptar medidas socio-económicas de emergencia para paliar la situación de crisis global que se abatirá sobre los trabajadores.

No nos hacemos ilusiones sobre las posibilidades de quienes nos consideramos patriotas. Quizá seamos muchos los que estamos dispuestos. Pero no hay duda de que no estamos en todos los casos preparados. Habrá que dedicar considerables energías a esa preparación que, forzosamente, demandará un esfuerzo prolongado. ¡Que cada vez sean más y muestren mayor arrojo los españoles dispuestos reconstruir nuestra Nación, a liberarla y enaltecerla! El futuro sólo puede ser nuestro si, por indiferencia ante la pérdida de España, no hemos decidido perder toda calidad humana, eligiendo caer víctimas del oprobio en los pozos negros de la historia. Pero no olvidemos que, como ha enseñado nuestra experiencia reciente, el mayor riesgo no proviene de flaquear ante los manotazos represivos del sistema. Proviene de dejarnos engañar por las palabras.

Publicado en DisidenciaS. Revista de Ideas, Cultura, Alternativas, nr. 2 (octubre 2007). www.disidencias.net