El mes de marzo ha traído, otra vez, a la historia de nuestra patria un día de ignominia. Sobrepasando a la reacción del PP de acusar al gobierno socialista de ceder al chantaje, la excarcelación del vasquista terrorista De Juana ha sido percibida por la ciudadanía como la prueba de que el gobierno de Zapatero sigue negociando con ETA. Pero una minoría ha ido más allá y ha denunciado este hecho como la evidencia pública de la confabulación existente entre el gobierno de Zapatero y el brazo terrorista del nacionalismo vasco: no negocian porque ya lo han pactado todo.
En el PP están confiados de que esta decisión va a traer graves repercusiones electorales al PSOE. Creen que éste ha sido un error equivalente a aquel de Aznar cuando se empeñó con una guerra que los electores aborrecían. Pero se equivocan porque en cuanto los estudios demoscópicos evidencien las consecuencias de este «gesto», ETA acudirá al rescate con otro, recíproco, «de paz». Todo esto antes de que en mayo se presente a las elecciones locales el brazo político etarra.
Sin embargo, esta evidencia infame de que el gobierno de la Nación está en connivencia con ETA en un plan de hondo calado se va a convertir, también, en una fecha de inflexión en el devenir político de nuestra nación a la altura de aquellas en las que apareció el «espíritu de Ermua». Y va a consolidar el creciente movimiento patriótico español independientemente de los desesperados intentos del PP por domeñarlo y hegemonizarlo. Con cada convocatoria son más los ciudadanos que salen a las calles en actos cívicos de afirmación nacional. Son más los españoles de toda condición que toman conciencia de la gravedad de la situación de nuestra patria. Y esto sólo puede alegrarnos a los patriotas republicanos.
Además, la resolución del «caso De Juana» ha impartido otras interesantes lecciones. En primer lugar, la inexistencia de un poder judicial independiente; en segundo, la importancia de dotarse de los valores adecuados cuando se pretende vencer en política. En ambas cuestiones, los correligionarios del terrorista victorioso han demostrado su superioridad frente al Estado de debilidad perenne que ahorma a nuestra patria.
Han demostrado que tienen razón cuando aducen que las decisiones judiciales dependen de la voluntad política de los gobernantes de turno. Pese a que la fiscalía pidió casi cien años, la condena inicial que recibió fue de doce y la final de sólo tres. La excarcelación del etarra viene a explicar esta evolución. Y arroja también luz sobre la importancia de la «batalla de las recusaciones» en el Tribunal Constitucional ante el recurso contra el «Estatut» y las intereses que subyacen en la actual tramitación de la ley orgánica para la reforma de dicho tribunal.
Han demostrado que ante el órdago planteado por los nacionalismos antiespañoles sólo cabe una férrea voluntad patriótica de resistencia y victoria. Que España sólo sobrevivirá cuando sea defendida por un Estado fuerte e implacable que haya identificado de una vez por todas a todos y cada uno de sus enemigos. A esto no están dispuestos ni el bloque de la derecha ni el de la izquierda juancarlistas. Unos por su acomplejamiento histórico y los otros por su auto-erigido supremacismo moral. El jaleo que están montando con su pelea de corral no puede acallar la evidencia de que ambos concedieron beneficios penitenciarios y redenciones de penas a los etarras. La hipocresía y el cinismo se los reparten por igual.
Gracias a esta casta política envuelta en un falso humanitarismo los etarras tienen, por ahora, una ventaja sobre los ciudadanos españoles: sacrifican a su patriotismo todos los demás valores. La derrota de los que pretenden liquidar la patria española sólo será posible cuando se les persiga sin excusas, con las leyes en la mano. Cuando se asuma que el enemigo real no es el «terrorismo», así en abstracto, sino esa alianza histórica conformada por todos los nacionalismos antiespañoles. Eso dificilmente será posible en el vigente marco político-jurídico. Sólo parece posible mediante la superación democrática de la actual Constitución para la apertura de un proceso constituyente republicano y de reconstrucción nacional.
En el PP están confiados de que esta decisión va a traer graves repercusiones electorales al PSOE. Creen que éste ha sido un error equivalente a aquel de Aznar cuando se empeñó con una guerra que los electores aborrecían. Pero se equivocan porque en cuanto los estudios demoscópicos evidencien las consecuencias de este «gesto», ETA acudirá al rescate con otro, recíproco, «de paz». Todo esto antes de que en mayo se presente a las elecciones locales el brazo político etarra.
Sin embargo, esta evidencia infame de que el gobierno de la Nación está en connivencia con ETA en un plan de hondo calado se va a convertir, también, en una fecha de inflexión en el devenir político de nuestra nación a la altura de aquellas en las que apareció el «espíritu de Ermua». Y va a consolidar el creciente movimiento patriótico español independientemente de los desesperados intentos del PP por domeñarlo y hegemonizarlo. Con cada convocatoria son más los ciudadanos que salen a las calles en actos cívicos de afirmación nacional. Son más los españoles de toda condición que toman conciencia de la gravedad de la situación de nuestra patria. Y esto sólo puede alegrarnos a los patriotas republicanos.
Además, la resolución del «caso De Juana» ha impartido otras interesantes lecciones. En primer lugar, la inexistencia de un poder judicial independiente; en segundo, la importancia de dotarse de los valores adecuados cuando se pretende vencer en política. En ambas cuestiones, los correligionarios del terrorista victorioso han demostrado su superioridad frente al Estado de debilidad perenne que ahorma a nuestra patria.
Han demostrado que tienen razón cuando aducen que las decisiones judiciales dependen de la voluntad política de los gobernantes de turno. Pese a que la fiscalía pidió casi cien años, la condena inicial que recibió fue de doce y la final de sólo tres. La excarcelación del etarra viene a explicar esta evolución. Y arroja también luz sobre la importancia de la «batalla de las recusaciones» en el Tribunal Constitucional ante el recurso contra el «Estatut» y las intereses que subyacen en la actual tramitación de la ley orgánica para la reforma de dicho tribunal.
Han demostrado que ante el órdago planteado por los nacionalismos antiespañoles sólo cabe una férrea voluntad patriótica de resistencia y victoria. Que España sólo sobrevivirá cuando sea defendida por un Estado fuerte e implacable que haya identificado de una vez por todas a todos y cada uno de sus enemigos. A esto no están dispuestos ni el bloque de la derecha ni el de la izquierda juancarlistas. Unos por su acomplejamiento histórico y los otros por su auto-erigido supremacismo moral. El jaleo que están montando con su pelea de corral no puede acallar la evidencia de que ambos concedieron beneficios penitenciarios y redenciones de penas a los etarras. La hipocresía y el cinismo se los reparten por igual.
Gracias a esta casta política envuelta en un falso humanitarismo los etarras tienen, por ahora, una ventaja sobre los ciudadanos españoles: sacrifican a su patriotismo todos los demás valores. La derrota de los que pretenden liquidar la patria española sólo será posible cuando se les persiga sin excusas, con las leyes en la mano. Cuando se asuma que el enemigo real no es el «terrorismo», así en abstracto, sino esa alianza histórica conformada por todos los nacionalismos antiespañoles. Eso dificilmente será posible en el vigente marco político-jurídico. Sólo parece posible mediante la superación democrática de la actual Constitución para la apertura de un proceso constituyente republicano y de reconstrucción nacional.
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